De acuerdo con el organismo, la venta de plagucidas orgánicos pasó de 200 millones de dólares en 2020 a 300 mdd en 2022
Por redacción Guía Agroindustrial
Ciudad de México. – El valor de los plaguicidas ilegales que se usan en el campo nacional aumentó 100 millones de dólares (mdd) al pasar de 200 millones en 2020 a 300 mdd en 2022, lo que refleja la falta de atención del gobierno federal en el control de productos fitosanitarios, señaló el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (Umffaac), Luis Eduardo González Cepeda.
Al respecto, consideró “preocupante observar cómo continúa la venta de productos ilegales sin restricciones, sin consignación de responsables ante la autoridad, ni vigilancia en la materia”. Se calcula –dijo– que sólo en el tema de plaguicidas el valor de productos ilegales sobrepasa ya los 300 millones de dólares.
En entrevista, comentó que a pesar del peligro que representan para la vida de los agricultores y sus familias, el medio ambiente y la producción de alimentos, aquellos insumos que no tienen registro, están adulterados o proceden de robos, “la autoridad no ha hecho nada sobre este tema, por lo que la Umffaac hace un llamado a que se aplique la ley”.
Asimismo, González Cepeda, advirtió que quien compra un producto sin registro o adulterado puede perder su cosecha o hasta la vida, toda vez que la sustancia que contiene dentro del envase no necesariamente es la que dice en la etiqueta y eso puede causar intoxicaciones tanto a agricultores como a los consumidores de vegetales, frutas y verduras.
La normatividad –recordó– exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para el cultivo y la plaga que tiene como objetivos controlar.
“Esta regulación es muy robusta, se rige por estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia, y límites máximos de residuos. Dichos criterios son establecidos por organismos internacionales de seguridad alimentaria y están fundamentados en evidencia científica.
El objetivo es asegurar que cualquier residuo que pueda permanecer en el alimento tras su aplicación sea seguro para el consumo humano, lo cual no sucede con los productos ilegales, al no pasar por el proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, apuntó el directivo.
Luego de reiterar que el mercado ilegal crece porque el gobierno “no ha implementado inspecciones, confiscación de productos ilícitos, investigaciones exhaustivas, ni mucho menos consignaciones”, mencionó la preocupación que ha manifestado el Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, a cargo de Paulo Bañuelos Rosales quien está impulsando el “Programa Guanajuato Zona Premium de México”.
En dicho programa, explicó, se establece una base legal y operativa para que, con el uso de actos de autoridad, se evite que los plaguicidas de uso agrícola se utilicen en condiciones que no se apeguen a la normatividad que indican la Cofepris, Senasica y Semarnat.
Con esta iniciativa se espera que los negocios de agroquímicos estén debidamente dados de alta, registrados, regularizados legalmente, al igual que todas las tiendas de agroquímicos y las empresas de fumigación tanto agrícolas como urbanas, lo que repercutirá en la salud de todos.
Por ello, González Cepeda consideró que la iniciativa de Guanajuato debería ser tomada como ejemplo en otras entidades.
