Un decreto – ley abre el uso extensivo de organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana, mientras persisten preocupaciones entre ciudadanos y ecologistas

La Habana. – Afectada por la crisis internacional que trajo la COVID-19 y por la endeble economía interna, en Cuba se avivó el debate de hacia dónde debe dirigirse el sistema agrícola para asegurar la alimentación de sus 11,2 millones de habitantes.

Además de aumentar rendimientos y productividad, especialistas recomiendan eliminar dependencias externas, proteger los recursos naturales y facilitar la adaptación a las nuevas condiciones que impone el cambio climático.

Transgénicos cubanos

Desde finales de la década de 1980, el estatal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) ha realizado estudios en transgénesis de plantas.

Más tarde, a finales de los 90, esta institución fortaleció estas investigaciones en cultivos como la papa, tabaco, boniato, plátano, piña, entre otros.

En 2008, fueron sembradas 6000 hectáreas de las semillas de maíz transgénico FR-Bt1, creadas por el CIGB, según la revista Juventud Técnica.

Este maíz FR-Bt1 presenta dos modificaciones genéticas: una que busca la resistencia a los herbicidas, y otra que se destina a hacer invulnerable el cultivo a la palomilla del maíz.

Fue el primer organismo genéticamente modificado que se liberó al ambiente natural cubano a gran escala, lo que generó una fuerte reacción de la comunidad científica y diálogos poco usuales con instituciones correspondientes.

En el nuevo escenario entre los cultivos a promover, asociados con la política nacional de semillas aprobada por el Ministerio de Agricultura, estarían el maíz y la soya, aseguraron las autoridades cubanas.

Pero las autoridades cubanas avalaron otra polémica posibilidad con el Decreto-ley no. 4 “De la comisión nacional para el uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana” y tres resoluciones adjuntas, que fueron publicadas el 23 de julio en la Gaceta de la República de Cuba.

La nueva estructura, presidida por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, regulará la adopción de decisiones relacionadas con la investigación, desarrollo, producción, uso, importación y exportación de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Con la manipulación del ADN en plantas mediante técnicas de ingeniería genética, se busca que estas fortalezcan o enriquezcan sus propiedades alimenticias, sean resistentes a plagas o eventos climáticos extremos como la sequía.

Mientras unos defienden que los transgénicos son una alternativa para enfrentar la actual escasez de alimentos si se sigue una debida regulación y claridad en las políticas sobre su uso, una parte de la ciudadanía y la comunidad científica manifiesta preocupaciones por los riesgos ambientales y para la salud humana.

Dos modelos de desarrollo

El viceministro de la cartera ambiental, Armando Rodríguez,  definió la política que rige el uso de los transgénicos en Cuba de “una alternativa para desarrollar la productividad, coherente con una agricultura sostenible y la soberanía alimentaria, sobre la base de la investigación autóctona”, al presentar el decreto ley a la prensa nacional.

Hasta el momento los transgénicos se insertan como norma en el llamado modelo de agricultura convencional o industrial, basada en insumos agroquímicos, con mayor dependencia externa y costo ambiental. Y están probados los riesgos que suponen para la biodiversidad y el equilibrio de los agroecosistemas donde se introducen.

Entre quienes se han opuesto al uso de esta tecnología con mayor fuerza se encuentran las y los agroecólogos, que de cierta forma lideran un movimiento de casi 30 años en el país por un sistema agrícola sostenible.

El uso de OGM se contrapone a principios que el movimiento agroecológico, reconocido a escala internacional por su alcance, tratar de extender prácticas como la autogestión de semillas por campesinos y campesinas, y el rescate y mejoramiento de variedades autóctonas mediante técnicas ecológicas.

Con información de: IPS Cuba

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