Las mayores cargas administrativas, la imposición de determinadas prácticas ambientales y las importaciones de terceros países que no cumplen las normas de producción europeas son otros de los motivos que han sacado a la calle a los tractores en Bélgica, España, Portugal o Italia.
Bruselas. – Los agricultores de distintos países de la Unión Europea (UE) llevan semanas manifestándose para llamar la atención sobre la crisis que atraviesan, sobre todo en el caso de los pequeños productores, y exigen cambios en las políticas nacionales y europeas.
El año comenzó con fuertes movilizaciones en Alemania, donde el Gobierno accedió a mantener algunos subsidios para el sector, aunque poco después el foco de las protestas se ha trasladado a Francia, con importantes bloqueos en ciudades y carreteras, hasta extenderse a otros países.
Si ya en 2023 los agricultores de Países Bajos estallaron contra la obligación de reducir las emisiones de nitrógeno y los del Este de Europa pidieron blindarse contra el cereal ucraniano, esta vez existe un malestar generalizado por los requisitos de la nueva Política Agraria Común (PAC) y los precios bajos en origen.
Las mayores cargas administrativas, la imposición de determinadas prácticas ambientales y las importaciones de terceros países que no cumplen las normas de producción europeas son otros de los motivos que han sacado a la calle a los tractores en Bélgica, España, Portugal o Italia.
En declaraciones a Efeagro, el catedrático de Economía Agraria de la Politécnica de Valencia (UPV), José María García Álvarez-Coque, explica que a los pequeños y medianos agricultores, en especial aquellos que no están organizados en cooperativas, «se les hace muy complicado» afrontar los mayores costes de producción y, al mismo tiempo, cumplir con las normas ambientales.
«Son crisis recurrentes de la pequeña agricultura», sostiene el experto, que recuerda las manifestaciones de los productores españoles antes de la pandemia.
Radiografía del sector agrícola en la UE
Según datos preliminares de Eurostat, la productividad del trabajo agrícola disminuyó el 6,6 % anual en 2023, tras haber crecido entre 2019 y 2022, debido a una caída del 7,9 % del valor real de los ingresos generados por la actividad agraria y una reducción adicional del 1,4 % en el volumen de mano de obra agrícola.
Solo siete Estados registraron tasas positivas de productividad, liderados por Bélgica (+31 %) y España (+11,1 %), debido a los menores precios de los fertilizantes (-23 %) e insumos y al aumento de los precios de los productos en los que estos países están especializados, como el aceite de oliva (+54 %), la papa (+23 %) o el porcino (+22 %).
Frente a los fuertes incrementos de 2021 y 2022, los precios agrícolas en origen se elevaron el 2 % anual en la UE, mientras que los insumos (bienes y servicios necesarios para la producción) se abarataron el 5 %.
Pese a la desaceleración del último año, la renta agraria media de la UE fue en 2023 un 10,1 % superior a la de 2015, periodo en el que la mano de obra agrícola se contrajo un 18,2 %, por lo que la renta final se repartió entre una cantidad menor de ocupados.
García Álvarez-Coque resalta que, a nivel europeo, hay una «concentración de una parte de la agricultura y una atomización de la otra parte, que se va quedando marginada».
Según un informe de la Comisión Europea, en 2021 la media de ingresos agrícolas por trabajador en la UE era de 28.800 euros, tras subir en la última década por un crecimiento más rápido del valor de la producción frente al aumento de los costos y por la caída del número de empleados.
Los mayores ingresos por trabajador se encuentran en las regiones del norte y el oeste de la UE, en línea con su nivel de vida más elevado, y si se analiza la actividad en función del tamaño de las explotaciones, las más grandes son las más productivas.
En 2021, las ayudas de la PAC representaron de media el 30,2 % de los ingresos de los agricultores, si bien hubo importantes variaciones entre países.
Comercio y apoyo político
Ante la polémica por el rechazo en Francia a los productos agrícolas españoles, el catedrático de la UPV recuerda que la entrada de España en el mercado único ya motivó en la década de 1980 incidentes fronterizos que afectaron al transporte de las mercancías, más baratas que las francesas, pero sujetas a las mismas normas.
Los salarios más bajos en origen explican en parte la mayor competitividad de los productos de determinados países europeos, una situación que se repite fuera de la UE.
Con la progresiva apertura comercial del bloque comunitario, con un superávit de comercio agroalimentario de 58.000 millones de euros entre enero y octubre de 2023, el experto reconoce que «determinadas exigencias a los productores europeos no se están pidiendo o no se pueden exigir de la misma manera a los de otros países ante las posibles reclamaciones en la Organización Mundial del Comercio».
«No se puede entrar en los procesos de producción de otro país; esa competencia de la legislación laboral pertenece a los países y no es sencillo poner aranceles por ese tipo de razones», afirma el experto sobre ese aspecto de la globalización.
En cuanto a la influencia del Pacto Verde Europeo en la nueva PAC, García Álvarez-Coque considera que esa política se diseñó en un clima de «optimismo» que se ha visto ensombrecido por el posterior encarecimiento de los costes de producción a raíz de la recuperación de la pandemia y la guerra en Ucrania.
A esto se suma que actualmente existen dos maneras enfrentadas de ver Europa, según el catedrático, para quien la crisis de los pequeños agricultores supone «un terreno fértil para que surjan los movimientos antisistema y contrarios a la UE».
En su opinión, tiene que haber «más simpatía» de las instituciones a todos los niveles hacia los productores agrícolas, a quienes no se está apoyando lo suficiente en la investigación y la transferencia de tecnología.
García Álvarez-Coque se muestra partidario de «ser selectivo» en el reparto de ayudas y apoyar a aquellas explotaciones de tamaño medio que van a ser viables para que ganen en competitividad, con políticas «más justas», transparencia en el mercado y un refuerzo de los seguros agrarios frente al cambio climático.
Con información de: Efeagro
