Wilfrido Gómez, académico de la IBERO, apuntó que en los cambios a la Ley de Aguas y la nueva Ley General de Aguas persisten vacíos legales y la ausencia de sanciones a grandes usuarios que no pagan derechos ni evitan la contaminación.
Por Redacción Agro Orgánico
Ciudad de México. – Los 50 cambios a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas no garantizan el derecho humano de las personas para acceder al agua de forma suficiente, pues dejan intacto el sistema original de concesiones, apuntó Wilfrido Antonio Gómez Arias, académico del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT) de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Recordó que cuando Monterrey, Nuevo León, enfrentó su peor crisis hídrica en años, mientras gran parte de la población no tenía agua, las grandes empresas seguían extrayendo este recurso, lo que ejemplifica cómo funciona la Ley de Aguas Nacionales.
En opinión del especialista, con la creación de dos reformas paralelas que son totalmente opuestas y que no definen con reglas claras la manera en que el gobierno –a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) – va a reasignar la poca agua que pueda controlar de las concesiones recuperadas, también se mantienen las concesiones a los grandes usuarios que no pagan derechos, ni tampoco los sanciona si contaminan el agua; además de que no garantizan la representación de los ejidos y las comunidades agrarias e indígenas que no tienen acceso directo a su agua.
Indicó que entre los usuarios que usan más de un millón de metros cúbicos de agua al año para uso industrial, agroindustrial, de servicios y comercio, más del 80% no paga por ese derecho, es decir, se estima que este monto no recaudado podría superar los 60 mil millones de pesos anuales.
En el caso de las concesiones otorgadas a los grandes caciques, dijo que, al controlar el agua de los módulos de riego, los pequeños agricultores que tienen parcelas las terminan rentando o vendiéndolas al no poder expandir su producción agrícola.
«Hay que contemplar esquemas diferenciadores. No es lo mismo lo que le vas a cobrar a un productor que perdió su cosecha. No hay cambios profundos en ambas leyes y se deja poca agua de consumo para la ciudadanía», subrayó el especialista.
En este contexto, consideró que lo ideal es crear un nuevo marco legal y derogar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, “la cual fue hecha a la medida para los grandes usuarios y que ellos pudieran hacer negocios y explotarlas, en detrimento de los 286 acuíferos sobreexplotados, y 527 con tendencia a tener menos disponibilidad”.
«No hay reglas claras sobre lo que va a pasar, si en ambas leyes se deja a la interpretación. Cualquier gobierno las puede usar como quiera y como están ambas leyes se deja que el poder decida y eso es lo peligroso porque es discrecional al no establecer reglas claras para transmitir concesiones», manifestó.
Cabe recordar que con las modificaciones aprobadas, el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal).
Además, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Conagua para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
También integra un catálogo de conceptos sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como una herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
