La medida forma parte del Acuerdo de apertura contra inflación y carestía, que busca contener el aumento en los precios de los alimentos

Ciudad de México. – El Gobierno Federal presentó este lunes un nuevo acuerdo con empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes para combatir la inflación en los precios de los alimentos en México.

Según información de El Financiero, el Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía fue ratificado este mismo día por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y el presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de representantes de las empresas involucradas; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos; la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

“Tenemos poca inflación en energéticos pero en alimentos aún cuando no ha sido mucho el incremento sí nos está afectando”, admitió López Obrador al inicio de la conferencia de prensa, “afortunadamente contamos con el apoyo de este grupo de empresarios, industriales, comerciantes que ante el llamado que se les hizo acuden y de manera ejemplar, se comprometen a ayudar”, agregó.

¿En qué consiste el acuerdo de apertura contra inflación y carestía?

Mientras la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8 por ciento en la primera quincena de septiembre es de 0.62 puntos porcentuales, la de alimentos es de 4.2 puntos porcentuales, explicó Ramírez de la O.

Como la inflación se ve reflejada en la oferta de alimentos, el gobierno decidió responder con medidas para aumentar la producción y reducir los costos regulatorios y logísticos de la siguiente manera:

El gobierno otorga a las empresas incluidas en el acuerdo una licencia única universal para puedan estar exentas de trámites o permisos en el envase de sus productos, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) así como del impuesto general de importación. Se confiará en que las mercancías que comercian cumplan con las normas sanitarias de inocuidad y calidad.

Mientras el acuerdo esté vigente, la autoridad suspenderá toda regulación que impida o encarezca la importación e internación de alimentos y su movilidad en el país, esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y regulación nacional.

Las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias tanto sanitarias como de cualquier otra índole.

Se mantendrá la política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Se congelarán las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) hasta el 28 de febrero de 2023.

La autoridad atenderá los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos.

Se cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos. Se analizará la necesidad de extender esta limitación a otros productos.

El precio de la canasta básica de 24 productos se reducirá 8 por ciento, de mil 129 pesos a mil 39 pesos promedio hasta el 28 de febrero del 2023.

Empresas productoras de harina de maíz se comprometen a no subir los precios durante la vigencia del acuerdo. Se pretende que la harina básica extra premium sin conservadores alcancé un precio 3 por ciento menor al máximo promedio actual.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción ante abusos.

Las autoridades emitirán los instrumentos para hacer válido el acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con información de: El Financiero

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