Esta industria tiene la mira puesta en la diversificación de cultivos, la transformación y el valor agregado para elevar la competitividad, llegar a más mercados y estar blindada ante contingencias económicas y comerciales.
Por Ana Isabel Rodríguez*
La agricultura protegida en México es una industria presente en los 32 estados del país, con una extensión estimada en 54 mil hectáreas. El crecimiento sostenido de la agricultura protegida en el país tiene una explicación muy sencilla: esta tecnología agrícola permite incrementar entre 5 y 15% la producción de los cultivos, en relación con la agricultura convencional.
De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, A.C. (AMHPAC), en 2021 en México se sembraron 47 mil hectáreas (ha) bajo agricultura protegida, 845 ha más que en el año anterior, con una ligera recuperación del máximo histórico de 53 mil ha sembradas en el 2019.
Cinco estados de la República Mexicana representan el 66% de la superficie protegida: Sinaloa, con el 20%; Jalisco, 19%; Coahuila, 11%, Michoacán, 8% y Sonora, 8%.
Del total de la producción en agricultura protegida, las hortalizas se mantienen como el grupo principal, con el 59% de la superficie protegida, 842 hectáreas y un punto porcentual por encima del año anterior.
Un aspecto destacable es que este segmento agrícola ha crecido básicamente con recursos propios, sin apoyos o subsidios gubernamentales. Y si bien la banca de desarrollo –como la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) o los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)– ha financiado proyectos de agricultura protegida, no dejan de ser créditos que los productores deben pagar, explica el ingeniero Alfredo Díaz Belmontes, director general de la AMHPAC.
En entrevista para Agro Orgánico el directivo señala que, si bien no han contado con apoyos económicos gubernamentales para la operación de sus actividades, sí han recibido el apoyo institucional de los últimos gobiernos federales para alcanzar resoluciones como el acuerdo de suspensión de aranceles antidumping a las exportaciones de tomate mexicano.
“Cuando hemos tenido que sentarnos a negociar con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para celebrar los acuerdos de suspensión, contamos con el apoyo de las Secretarías de Economía, de Agricultura y de la Embajada de México en Washington. Hasta la fecha, lo único que realmente pedimos al gobierno federal es que nos acompañen institucionalmente en los temas relevantes para nuestro sector”, apunta Díaz Belmontes.
Retos y perspectivas
Con el Acuerdo de suspensión del tomate 2019 (AST) –firmado entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y los productores de tomate mexicanos, con una vigencia de cinco años– quedó establecida la exportación de tomates mexicanos sin el pago de aranceles antidumping a razón del 20.91%, en lo general. Asimismo, el acuerdo establece, entre otras obligaciones para los productores mexicanos, no vender por debajo de los precios de referencia.
Sin embargo, con el acuerdo no terminan los retos para los horticultores en México, particularmente de tomate. “El dumping del tomate es algo con lo que nos levantamos todos los días, para atenderlo y poder cumplir con los compromisos contraídos en el acuerdo de suspensión, porque de lo contrario, el acuerdo se cae y al día siguiente entran nuevos aranceles”, explica el director general de la AMHPAC.
*Directora editorial de Agro Orgánico
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